En las condiciones propuestas, al Ayuntamiento le resultaría más rentable recurrir a un crédito concedido por una entidad bancaria privada antes que a la "generosa" oferta realizada por el Ministerio para afrontar el pago de la depuradora. Lo peor es que, según el convenio, el Ministerio de Medio Ambiente a través de Aguas del Duero, sería el dueño de la obra sin poner un sólo céntimo y después titular de la Estación durante los próximos 45 años, el plazo que le da al Consistorio para devolver el dinero prestado. Es decir, que el Ministerio tendría competencia para adjudicar y hacer las modificaciones oportunas, usando un dinero que aportarían los ciudadanos burgaleses.

De esta manera, el Ayuntamiento al no dirigir la obra no podría recuperar el 16% del IVA, y los costes podrían dispararse ya que el Ministerio no tendría dudas en aceptar ofertas que podrían elevar el precio de la obra o alargar los plazos ya que no estaría utilizando su dinero. El convenio propuesto haría que el Consistorio tuviera que abonar, inicialmente, 4 millones de euros al año. Por todo ello si el Ministerio no aceptase las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento en el “contra-convenio” sería mejor dejar al margen a Aguas del Duero y que la Junta de Castilla y León asuma el 70 o el 75% del coste de la ampliación ya que es el organismo competente, aunque parece querer desentenderse del problema, y debería obrar como en otros casos aportando al menos esa cantidad.

Además, debe estudiarse el caso para que paralelamente se realizase la ampliación de la traída de aguas, una obra costosa y totalmente necesaria para la ciudad y su futuro ya que estamos al límite en cuanto al suministro.